Hace poco iniciamos la apertura de una nueva cuenta bancaria en México. No era con una institución completamente desconocida, sino con el banco en el que centralizamos una parte importante de nuestras operaciones internacionales en varios países.
La relación previa, sin embargo, no volvió sencillo el proceso local. Fueron más de 45 días entre formularios, documentos, visitas, entrevistas, validaciones y nuevas solicitudes de información. Cada etapa parecía regresar a preguntas que, desde nuestra perspectiva, ya habíamos respondido muchas veces: quiénes somos, a qué nos dedicamos, quién controla la empresa, quién puede representarla y por qué necesitamos aquella cuenta.
Desde la perspectiva del banco, las preguntas no eran exactamente repetidas. La cuenta sería abierta en otra jurisdicción, bajo reglas locales, por una entidad jurídica específica y con representantes cuyas identidades y facultades debían ser comprobadas nuevamente.
Lo que para nosotros parecía la continuidad de una relación internacional, para el sistema volvía a ser un nuevo comienzo.
Como se dice en Argentina, era un verdadero lío.
KYC significa conocer, pero también demostrar
KYC es la sigla en inglés de Know Your Customer, que puede traducirse como “conoce a tu cliente”. Es el conjunto de procedimientos utilizados por una institución para identificar al cliente, verificar la información presentada, comprender su actividad y evaluar los riesgos de mantener aquella relación.
La expresión puede hacer que el proceso parezca más sencillo de lo que realmente es. En el caso de una empresa, no basta con confirmar que existe una persona jurídica con determinado nombre y número fiscal. El banco necesita comprender quién la posee o controla, quiénes son sus beneficiarios finales, quién puede representarla, qué facultades tiene cada persona, para qué será utilizada la cuenta y qué tipo de movimientos sería coherente con aquella actividad.
Además, el conocimiento no termina cuando la cuenta se abre. Parte de la información debe mantenerse actualizada y la relación necesita ser acompañada a lo largo del tiempo. Cambios de representantes, estructura societaria, actividad o perfil de las operaciones pueden exigir nuevas comprobaciones.
Durante aquellos 45 días, cada formulario, entrevista y documento intentaba responder alguna parte de ese conjunto de preguntas. El problema es que todas ellas suelen aparecer reunidas bajo una sola idea, “identificar al cliente”, aunque en realidad estén comprobando cosas diferentes.
Una cosa es demostrar que la empresa existe. Otra es identificar a las personas físicas que finalmente la poseen o controlan. Una tercera es comprobar que alguien tiene facultades vigentes para abrir una cuenta, firmar un contrato, aprobar un pago o utilizar una plataforma bancaria. También es necesario comprender el propósito de la relación y los riesgos asociados a ella.
Un pasaporte puede demostrar quién soy, pero no necesariamente que puedo representar hoy a determinada empresa.
Una firma electrónica puede confirmar que fui yo quien firmó un documento, pero no siempre demuestra que mis poderes eran suficientes para asumir aquella obligación. Un poder notarial puede concederme facultades, pero su formato, alcance y reconocimiento pueden cambiar de un país a otro.
Identidad y autorización están relacionadas, pero no son lo mismo.
La confianza no cruza la frontera con la misma facilidad
Quienes trabajamos en operaciones internacionales convivimos constantemente con esa diferencia. Una misma persona puede estar identificada y autorizada en varios países, pero cada jurisdicción utiliza sus propios documentos, números fiscales, registros, firmas, certificados, poderes y mecanismos de autenticación.
Algo que parece lógico y suficiente en un país puede no producir el mismo efecto en otro. Un documento digitalmente válido puede necesitar una comprobación adicional. Una firma aceptada por una plataforma puede no ser reconocida por otra. Un poder con facultades amplias en una jurisdicción puede resultar insuficiente para una operación específica en la siguiente.
Incluso la forma de describir quién controla una empresa puede variar. Una organización con operaciones en varios países puede tener distintas sociedades entre la filial local y las personas que, en última instancia, ejercen su propiedad o control. Cada institución necesita reconstruir y comprender esa cadena, utilizando documentos emitidos en diferentes lugares, formatos e idiomas.
En nuestro caso, ya existía una relación internacional con el grupo bancario. Aun así, esa relación no sustituyó la validación exigida para la nueva cuenta en México. Para nosotros, la organización y sus representantes continuaban siendo los mismos. Para el proceso local, era necesario volver a demostrar qué entidad estaba solicitando la cuenta y quién podía actuar en su nombre.
En muchos casos, las instituciones de un mismo grupo operan bajo regulaciones y responsabilidades locales. La información disponible en un país no siempre puede ser reutilizada automáticamente en otro, ya sea por diferencias jurídicas, reglas de privacidad, criterios de vigencia o por la necesidad de que cada entidad demuestre ante su supervisor cómo evaluó al cliente.
El resultado es una paradoja: cuanto más internacional se vuelve una organización, más veces puede necesitar demostrar localmente quién es.
La burocracia también protege algo importante
Después de más de 45 días, es fácil describir todo el proceso solamente como burocracia. Cuando una solicitud nueva parece repetir algo ya entregado, la frustración es inevitable. Sin embargo, existe una razón legítima para que los bancos no acepten cualquier documento ni confíen automáticamente en una relación construida en otro país.
Las instituciones financieras pueden ser utilizadas para mover u ocultar recursos provenientes de actividades ilegales. Empresas ficticias, estructuras societarias opacas, representantes sin facultades reales y beneficiarios finales escondidos pueden servir para lavar dinero, financiar actividades ilícitas, cometer fraudes o dificultar el trabajo de las autoridades.
Por eso, un banco no necesita solamente conocer al cliente. También debe conseguir demostrar que aplicó controles adecuados, comprendió su estructura de propiedad, identificó a las personas relevantes y evaluó los riesgos de aquella relación.
Los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera, GAFI, establecen principios para la debida diligencia del cliente y para la identificación de los beneficiarios finales de las personas jurídicas. En México, las disposiciones aplicables al sector bancario también incorporan obligaciones de identificación, conocimiento del cliente y evaluación basada en riesgo.
El problema, por lo tanto, no es que existan controles. Sin ellos, la facilidad que deseamos para una empresa legítima también estaría disponible para organizaciones creadas con otras intenciones.
La pregunta es por qué demostrar cumplimiento todavía exige repetir tantas veces información que ya fue comprobada y que, con las protecciones adecuadas, podría ser verificada nuevamente sin reconstruir todo el expediente.
De documentos digitalizados a evidencias reutilizables
Muchas iniciativas llamadas digitales todavía reproducen el proceso físico dentro de una pantalla. El formulario se convierte en PDF, el pasaporte se transforma en una imagen y los documentos corporativos se envían por correo electrónico. Eliminamos parte del papel, pero conservamos la lógica de reunir archivos, revisarlos manualmente y comenzar otra vez en la siguiente institución.
Eso es digitalización, pero todavía no es interoperabilidad.
Una infraestructura de identidad digital más madura podría permitir que una información fuera emitida por una fuente confiable, presentada por su titular y verificada por otra parte sin depender únicamente de una copia. También podría informar quién emitió el dato, cuándo fue comprobado, hasta cuándo permanece vigente y si fue revocado o modificado.
En una relación empresarial, esa infraestructura necesitaría conectar cuatro dimensiones: la existencia y situación de la empresa; su propiedad y control; las personas autorizadas para representarla y los límites de sus facultades; y el propósito y perfil de riesgo de la relación.
Tecnologías como credenciales verificables, firmas digitales, registros interoperables y mecanismos seguros de intercambio de datos pueden contribuir a esa arquitectura. En lugar de enviar repetidamente un documento estático, la empresa podría presentar una evidencia digital cuya autenticidad, origen y vigencia pudieran comprobarse directamente.
Esto no significa que un banco deba aceptar automáticamente toda validación realizada por otra institución. Tampoco exige crear un único documento regional o reemplazar la responsabilidad local. La interoperabilidad puede comenzar con algo más modesto: permitir que una institución reconozca de dónde viene una información, qué nivel de confianza ofrece, cuándo fue validada y qué parte todavía necesita ser comprobada bajo sus propias reglas.
La tecnología no sustituiría al compliance. Le ofrecería evidencias mejores y más fáciles de verificar.
Una posibilidad que comienza a tomar forma
América Latina ya experimenta mecanismos de reconocimiento transfronterizo de identidades digitales. Iniciativas apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial buscan permitir que una persona utilice su identidad digital nacional para acceder a servicios públicos en otro país.
La lógica es interesante: el país de origen continúa siendo responsable de su sistema de identidad, mientras el país de destino recibe y verifica la información necesaria. No todos necesitan utilizar la misma base de datos para reconocer una credencial emitida por una fuente confiable.
Ese modelo todavía no resuelve el KYC empresarial. Identificar a una persona para realizar un trámite público no equivale a comprender una estructura corporativa, identificar a sus beneficiarios finales o confirmar que determinado representante puede abrir y operar una cuenta bancaria.
Sin embargo, demuestra que la confianza digital no necesita permanecer encerrada dentro del sistema que la produjo. Con estándares técnicos, reglas de gobernanza y responsabilidades claras, determinadas comprobaciones pueden atravesar fronteras sin que todos los participantes abandonen sus normas locales.
El siguiente paso para las empresas sería aplicar esa lógica a registros mercantiles, datos fiscales, poderes, firmas y estructuras de propiedad. El banco continuaría tomando su propia decisión, pero podría reutilizar evidencias confiables y concentrar sus esfuerzos en aquello que realmente cambió o que representa un riesgo específico.
El problema aparece antes del pago
En ¿Y si pagar una factura en América Latina fuera tan simple como pagar un boleto en Brasil?, escribí sobre la fragmentación de los medios de cobro y pago en la región. Transferir dinero no es lo mismo que conectar una factura, un vencimiento, una cuenta por cobrar y una conciliación.
La identidad digital aparece antes de todo eso. Antes de mover el dinero, una organización necesita demostrar quién es, quién puede actuar en su nombre y por qué aquella operación debe ser permitida.
Podemos construir pagos instantáneos, plataformas bancarias sofisticadas y sistemas de contratación electrónica. Pero si cada nueva relación obliga a repetir durante semanas la identificación de la empresa y de sus representantes, una parte importante de la operación continuará dependiendo de documentos, revisiones manuales y personas locales capaces de interpretar requisitos que no se comunican entre sí.
La infraestructura financiera no comienza cuando el dinero se mueve. Comienza cuando el sistema consigue confiar, con evidencias suficientes, en quien intenta moverlo.
Transportar confianza sin eliminar las diferencias
Después de más de 45 días, la cuenta en México avanzó por el mismo camino que tantas empresas conocen: formularios, documentos, visitas, entrevistas y persistencia. El proceso construyó la confianza necesaria, pero gran parte de ella tuvo que ser reconstruida localmente.
No sería realista imaginar que una validación realizada en un país deba ser aceptada automáticamente en todos los demás. Los riesgos no son idénticos, las leyes continuarán siendo locales y cada institución seguirá siendo responsable de las decisiones que toma.
Pero tampoco parece razonable que una organización legítima, ya identificada muchas veces dentro del sistema financiero, regrese casi al punto cero en cada nueva frontera.
La oportunidad tecnológica se encuentra entre esos dos extremos. No consiste en crear una identidad universal que ignore las diferencias locales ni en transformar el KYC en una aprobación automática. Consiste en construir una infraestructura capaz de transportar evidencias de confianza, permitir que sean verificadas y mostrar con claridad qué cambió, qué continúa vigente y qué todavía necesita una validación local.
Digitalizar un formulario no elimina la burocracia. Solo cambia el lugar donde la repetimos.
La verdadera transformación comenzará cuando una identidad ya comprobada pueda cruzar una frontera sin perder, en el camino, toda la confianza que había conseguido construir.